La realidad retributiva del empleo público

Disparidades, competencia interna y la búsqueda de la equiparación

El debate sobre la competitividad de los salarios en el empleo público es una constante en el mercado laboral español. Si bien a menudo se compara la esfera pública con la privada, un análisis exhaustivo de los datos revela que la verdadera brecha competitiva se encuentra, en muchas ocasiones, dentro de la propia administración. Según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), existen diferencias retributivas notables que demuestran que, en determinados niveles territoriales, los salarios públicos alcanzan cotas muy superiores a las de la administración central, marcando el techo de competitividad del sector.

La brecha interna: ¿Quién paga mejor?

La competitividad del salario público depende drásticamente de qué organismo sea el empleador. Los informes señalan que la Administración General del Estado (AGE) paga, de media, un 25% menos a sus empleados públicos en comparación con las comunidades autónomas por desempeñar el mismo puesto de trabajo. Esta diferencia pone de manifiesto que las administraciones autonómicas han logrado establecer baremos salariales mucho más atractivos y competitivos para sus trabajadores.

Las cifras concretas son elocuentes. La diferencia retributiva puede oscilar entre los 1.000 euros menos, que percibe un personal laboral en tareas de mantenimiento en el Estado, hasta los 21.600 euros anuales de diferencia que puede dejar de ganar un funcionario de nivel A1 (titulado superior) en la administración central respecto a sus homólogos en el País Vasco. Incluso en términos diarios, la Administración Central llega a pagar hasta 57 euros menos al día respecto a comunidades como Cataluña o Euskadi.

Factores que limitan la competitividad estatal

Para entender por qué los salarios de la AGE son menos competitivos que los de las autonomías, hay que mirar la estructura de las nóminas. El estudio realizado por CSIF destaca que en la Administración General del Estado no está desarrollada la carrera profesional. Esta carencia influye negativamente en las retribuciones e impide que profesionales altamente cualificados, como ingenieros aeronáuticos o inspectores de transportes, prosperen salarialmente tras años de experiencia, a diferencia de lo que ocurre en otros niveles administrativos o sectores.

Además, el análisis de estas diferencias excluye conceptos como la productividad o los trabajos extraordinarios por falta de transparencia en los datos, lo que sugiere que, si se incluyeran estas variables, la brecha —y por tanto la desventaja competitiva del Estado frente a las autonomías— sería aún mayor.

El reto de la equiparación salarial

La existencia de estas horquillas salariales ha impulsado campañas bajo el lema «A igual trabajo, mismo salario», buscando que el Gobierno central equipare las retribuciones de sus empleados con las del resto del Estado. El objetivo es eliminar la discriminación de un colectivo de 230.000 personas que sufren este desfase.

El contexto general no ha sido favorable para la competitividad salarial del sector en su conjunto, ya que todas las administraciones públicas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 20% en los últimos años debido a los recortes. Sin embargo, la presión sindical ha logrado poner en la agenda política la necesidad de equiparación, citando como precedente la voluntad de igualar salarios en cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Nacional con las policías autonómicas.

Conclusión

Hablar de la competitividad de los salarios públicos requiere matices. Si bien la Administración General del Estado se encuentra rezagada, pagando entre 1.000 y 21.000 euros menos que las Comunidades Autónomas, esto implica que las administraciones regionales ofrecen condiciones económicas significativamente superiores. Para que el empleo público sea uniformemente competitivo y atractivo para el talento, es imperativo abordar la inversión necesaria —estimada en cientos de millones de euros— para cerrar estas brechas territoriales y recuperar el poder adquisitivo perdido.

Fuente CSIF: La AGE paga entre 1000 y 21.000 euros menos por un puesto homólogo en las CCAA

Fuente; RPT EJ-GV 2025